El juez José Luis Calama ha enviado a prisión al hombre de 25 años detenido anteayer en Dos Hermanas (Sevilla) por su vinculación al ataque informático al Punto Neutro Judicial (PNJ) de octubre del año pasado. Se trata, según el magistrado de la Audiencia Nacional, del mayor comprador de datos obtenidos en el jaqueo, una información que era utilizada por el investigado para cometer estafas informáticas.
Con este son ya tres las personas arrestadas por estos hechos: José Luis Huertas, quien estuvo en prisión provisional entre principios de abril y finales de mayo; Daniel Baíllo Escarabajal, alias Kermit, en la cárcel desde el 1 de junio, y el ahora detenido, Juan Carlos Ortega Guerrero.
En un auto, el magistrado atribuye al último detenido los delitos continuados de revelación de secretos y de estafa, así como tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones, por el hallazgo en su domicilio de una escopeta de cañones superpuestos, una pistola y un subfusil de 99 mm, además de numerosa munición.
La resolución explica que la investigación ha permitido identificar a la persona que se encontraba detrás de la identidad virtual lonastrump, el mayor comprador de los datos exfiltrados a partir del ataque a la base de información del poder judicial. En concreto, habría adquirido 30 paquetes de datos diferenciados que contenían 15.284 registros con información personal y bancaria relativa a 1.067 contribuyentes españoles. Veinte de ellos presentaron una denuncia por fraudes que sumaban 129.096,73 euros.
A nivel económico, según el auto, el total de ingresos en euros de la venta de los datos exfiltrados de la red de servicios del PNJ suponen un total de 39.096,1 euros en solo 11 días, habiéndose comercializado con los datos de 82.018 contribuyentes españoles.
VARIOS MÉTODOS
Calama explica que la conducta del detenido se enmarca “en una técnica delictiva defraudatoria, consecuencia del desarrollo de las tecnologías y del manejo de la banca y del comercio electrónico, conocida con el nombre phishing y que consiste en el envío masivo a los usuarios de mensajes de correo electrónico, SMS (smishing) o llamadas telefónicas (vishing) en los que los autores -haciéndose pasar por empresas o fuentes fiables, especialmente por entidades bancarias, y alegando supuestas razones de seguridad- solicitan de tales usuarios las contraseñas o datos confidenciales necesarios para operar telemáticamente en las webs bancarias”.
En otras ocasiones, prosigue el juez, se solicitaba pinchar en algún enlace “que les redirecciona a una página idéntica a la oficial de dichas entidades donde los usuarios introducen sus datos”. Otras veces se introducen virus informáticos capaces de apoderarse de tales claves (pharming).
Por todas estas vías se conseguía conocer las contraseñas y claves secretas de acceso de los usuarios a sus cuentas corrientes, a las que accedían para ordenar transferencias de fondos que luego se redirigían para evitar su seguimiento y localización.
“No existe discusión doctrinal o jurisprudencial alguna en la incardinación en el delito de estafa de la conducta llevada a cabo por los autores del acceso a las cuentas bancarias y su apoderamiento por medio de transferencias no consentidas de sus titulares, como es el caso de Juan Carlos Ortega Guerrero”, destaca el juez.
MOTIVOS DE ENCARCELAMIENTO
El juez acuerda la prisión del detenido por el riesgo de fuga que supone la gravedad de las penas a las que se enfrenta, lo que eleva “a cotas máximas” la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la Justicia. Más aún, teniendo en cuenta, expone el juez, que el investigado dispone de una amplia red de contactos de personas insertas en el mundo delictivo de las tecnologías de la información, así como su facilidad para adaptarse a la vida en otro territorio.
Calama también aprecia el riesgo de destrucción de pruebas ya que de quedar en libertad podría frustrarse la obtención de pruebas referidas a sus actividades ilícitas, así como la investigación de las personas que le hayan ayudado en la comisión de las estafas.
También considera el instructor que existe riesgo de reiteración delictiva dado que el investigado tiene una amplia red de contactos con otros delincuentes, lo que unido a sus conocimientos en este campo, “facilita enormemente la posibilidad de cometer nuevos delitos de forma rápida y fácil”.
